El 19 de abril de 1970 se proclamó como ganador de esas elecciones el candidato conservador Misael Pastrana Borrero, en esas elecciones fue donde los seguidores del generalísimo Gustavo Rojas Pinilla protestaron porque presuntamente se habían robado las elecciones presidenciales, donde el favorecido fue el dirigente conservador, este hecho puso en riesgo la democracia de nuestro país, ya que esta situación fue la escusa para que un grupo de ciudadanos se levantaran en armas y dieran origen al movimiento 19 de abril, grupo conocido como el grupo M19.

El malestar ciudadano generado por la corrupción electoral trae como consecuencia estos lamentables hechos, colombianos levantados en armas. La ciudadanía cuando se siente engañada acude a la protesta, estas van de la mano de las vías de hecho, acuden a la violencia, especialmente si la ciudadanía ve comprometido su legitimo derecho a elegir y ser elegidos, verse engañados en su ejercicio de participación política ciudadana.

Este pasado 13 de marzo se desarrollaron las elecciones legislativas en nuestro país, que son el preámbulo para las elecciones presidenciales en este 2022, los entendidos hablan de que esta contienda electoral es la más importante del cuatreño, las bancadas parlamentarias son las que deben legislar en favor del interés general de la ciudadanía, las bancadas legislativas ya no están conformadas por los partidos tradicionales, también están conformadas por grupos significativos de ciudadanos que han podido llegar al congreso con el favor de la ciudadanía.

En realidad estas han sido una de las elecciones más cuestionadas de los últimos años donde se ha vulnerado el derecho a la participación política de la ciudadanía, no esta claro el por qué aparecieron más de 500 mil votos después de haber hecho el correspondiente escrutinio, ahí comenzaron las extralimitaciones de distintos funcionarios de la rama ejecutiva, hasta del mismo presidente de la república, exigiendo un reconteo de votos después de haber cerrado el escrutinio, ese famoso reconteo solo se podía hacer si los jueces no habían terminado ese escrutinio.

El problema es que este reconteo lo estaba exigiendo la primera autoridad del país electoralmente hablando, secundado por la primera autoridad administrativa del país, el señor presidente de la república, ¿Qué paso con la teoría de la distribución social del poder?, el presidente rompió el equilibrio de poderes, su petición secundada por la del Registrador Nacional, obligaba a que se rompieran las cadenas de custodia que se hacen después de escrutadas las urnas, desconociendo también a la rama judicial y a las decisiones de la administración de justicia, hechos gravísimos que vulneran la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones, tal como sucedió en la selecciones de 1970.

Una ligereza criminal que pretender desconocer los resultados de estos comicios electorales, eso es fraude, que en nuestro nuevo modelo de país, el cual se empezó a construir después de los acuerdos de la Habana, uno de los pilares de ese acuerdo, era que las personas volvieran a creer en el Estado y sus Instituciones, tal cual para que las bases sociales no hicieran justicia por su propia mano, y que la ruta para la resolución de conflictos son las instituciones con las que cuenta el país, pero lo que esta sucediendo con nuestras instituciones, vulneran los derechos políticos y la participación ciudadana de las bases sociales del territorio.

Nuestro país ya tiene varios precedentes importantes que hacen parte de la memoria histórica de nuestro conflicto armado interno que aun vive el país, la década del 70 trajo cambios estructurales en la política social del territorio, gracias al fraude electoral de esas elecciones. Toma sentido porqué el gobierno nacional pretendió que los aspirantes a la presidencia firmaran un compromiso en el que prácticamente los obligaba a reconocer los resultados de las elecciones del 13 de marzo, querían amarrar la voluntad de los candidatos para que después no pudieran refutar el fraude que le tenían preparado al país.