En las últimas dos administraciones municipales, nuestra ciudad de Bucaramanga ha sido tomada por la inseguridad; la percepción ciudadana es la de no poder salir a las calles, sin que sean expuestos a un hecho violento, al hurto y la intolerancia que son repetitivas en redes sociales, una problemática que desde todo punto de vista, desborda la capacidad de respuesta de las autoridades administrativas, tampoco el pie de fuerza del Estado, ha podido poner orden en la ciudad y cambiar esa percepción de que Bucaramanga cada día es más insegura.

El orden público siempre lo hemos relacionado con la seguridad, nunca lo relacionamos con la salud de las personas, y fue precisamente en pandemia, que los decretos presidenciales (Decreto 457 de 2020) expedidos por las distintas autoridades administrativas, relacionaban el orden público con la salud, ya que todas las medidas para proteger la salud de los colombianos, se hacía para salvaguardar el orden público.

“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”.

Estoy seguro de que todos entendimos lo importante que es el cuidado de la salud en temas de orden público, ya que se evidencio que son conexos, y las políticas publicas que se empiecen a implementar deben ir enfocadas en ese sentido, políticas públicas serias y un marco de ley que lo amerite, desafortunadamente la implementación de estas políticas no tienen nada de serio, la inversión hecha para mejorar las condiciones de salud son ineficaces, y los paquetes legislativos del congreso no están a la altura de las circunstancias.

Desde el congreso las soluciones para los problemas de salud pública son caricaturescas, cantinflescas, solo dan vergüenza, y son propuestas como las de la senadora liberal Karina Espinosa, iniciativa que busca reformar la Ley General de Educación, porque según la congresista el “cacho” es un problema de seguridad y de salud pública, para ella el “cacho” es la principal causa de feminicidios, y que esto incluiría una metodología aplicable en las aulas educativas, iniciativa legislativa que no solo garantizaría hogares felices, tampoco la salud y el orden público.

Con esta estéril iniciativa la congresista y abogada de la Universidad de los Andes, atenta contra varios principios constitucionales, coarta varias libertades, situaciones que no garantizan que con esto baje la taza de feminicidios, el maltrato a las mujeres en el país, que evidentemente también ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado, criminalizar el libre desarrollo de la personalidad con una iniciativa desde todo punto de vista autoritaria, nos devuelve a la época donde el adulterio de castigaba con el destierro y expropiación de bienes.

El numeral 7 del artículo 140 del Código Civil, durante casi más de un siglo, cosifico a la mujer, el término “adultera” evidenciaba que la mujer solo hacia parte del inventario marital, y que el único que tenía perdón y absolución era el hombre. La Corte Constitucional en Sentencia C-082 del 99 soluciono de fondo esta situación; "Si ya existió un divorcio para el caso del matrimonio civil y una separación de cuerpos en el matrimonio religioso, por la causal de nulidad o cualquier otra, por qué motivo la ley debe prohibir a la mujer que continúe con su libre desarrollo de la personalidad estando con quien desee, así hubiese sido su amante durante el matrimonio."

La iniciativa legislativa de la congresista liberal, no construye condiciones de seguridad, ni garantiza la salud de las colombianas y colombianos, es el pretexto para criminalizar la elección libre y consentida que pueda tener un ciudadano, acorde a sus necesidades afectivas y personales, esto no tiene nada que ver con la salud y el orden público, que si necesita una política pública real, con recursos y voluntad política, sobre todo en nuestra aun ciudad bonita, ciudad que necesita superar esta dantesca realidad.