Desde hace ya más de dos décadas todos los Colombianos se preguntan el por qué nuestra Corte Constitucional ha desarrollado un marco de acción tan amplio, que en algunas ocasiones pareciera que se extralimitara en sus funciones y generara ese mal llamado choque de trenes entre las distintas cortes y el órgano legislativo, reconociendo derechos naturales y principios fundamentales que en teoría deberían estar garantizado por una norma positiva que podría ser una ley o un decreto reglamentario.

Es más, si tenemos una Constitución progresista, antiformalista, que debe fortalecer nuestro Estado Social de Derecho y la figura de Democracia Participativa, que para muchos defensores de Derechos Humanos ha sido de carácter emancipador, este texto se ha encontrado con una cultura jurídico política demasiado conservadora y prueba de ello es que nuestra norma suprema ha tenido que hacer una oposición democrática a códigos y leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico, algunas de ellas con más de 100 años de antigüedad.

Con este escenario se convirtió en todo un proceso consolidar las condiciones de una reconciliación nacional, que es uno de los objetivos primordiales de esta Constitución, garantizar los derechos de las mayorías y las minorías de nuestro Estado Social de Derecho, pero es esta figura de Estado Social de Derecho la que se ha quedado corta, ¿es posible que debamos dar el paso a un Estado Social y Constitucional de Derecho? Las omisiones legislativas de nuestro Congreso han llevado a que nuestra Corte Constitucional sea la que tome las decisiones más importantes de nuestro ordenamiento jurídico y ha sido la Corte quien ha marcado el paso de esta reconciliación nacional.

Estos avances en nuestro modelo de Estado no se han hecho de forma, como la gran mayoría de leyes de este país, hechas por su representantes elegidos gracias a un ejercicio democrático, se han hecho de fondo reconociendo que los derechos fundamentales se basan en principios de contramayorias, que deben ser respetados y garantizados, garantías que difícilmente se pueden encontrar en nuestros códigos, estos no ayudan para nada a una reconciliación nacional, nos han enseñado a sentarnos en una norma positiva y no ampliar el marco de acción de la misma para fortalecer la dignidad de los ciudadanos que es el primer principio que encontramos en nuestra constitución.

Fuimos los primeros en el Latinoamérica en consolidar un Estado Social de Derecho en el año 91, pero otros países ya han dado el paso adelante y los resultados son muy positivos, Ecuador en su artículo primero de la constitución se consolida como un Estado Constitucional de derecho donde los derechos de las minorías están al mismo nivel de los demás ciudadanos, nadie puede negar los avances en infraestructura y educación que tiene este país, no es prefecto pero se está haciendo, o la misma Bolivia, reconociendo que es un Estado Plurinacional garantizando los derechos de sus ancestrales Naciones Indígenas.