Escrito por:
Sergio Alejandro Rueda Moreno.
Abogado UNICIENCISTA.
Contador Público, Universidad SANTO TOMAS.
Especialista en Gerencia Tributaria; Periodista.
Página web www.ruedadifusión.com

Los recientes ingresos de Colombia, a organismos económicos y de política administrativa y defensa internacional, tales como la OCCDE y la OTAN, han sido muy celebrados en el concierto de las naciones poderosas del mundo toda vez que nuestro país quedó incluido como un nuevo aportante de tan prestigiosos y encopetados clubes de los estados más ricos del orbe.

Sin embargo, es preciso reseñar que la membresía de la nación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, importante organización conformada por 37 miembros, fundada por Estados Unidos, Francia, Alemania, Turquía y España, con sede en Paris, genera inmensos gastos para el presupuesto general de un país que apenas avanza en la consecución de una paz interna que ha sido esquiva y que tiene pendiente la tarea de apaciguar el conflicto interno, con dos actores de extremas armadas, que se resisten a pactar la finalización de sus operaciones violentas, para así generar mayor equidad a los hogares del concierto nacional. Es como si un colombiano de nivel medio pretendiera ingresar al Gun Club o al club El Nogal, para alternar con socios de estrato alto, que poseen enorme capacidad económica y por lo tanto con medios suficientes para solventar las grandes exigencias que genera dicha pertenencia y a quienes les sería prácticamente imposible equipararse, sin menoscabo de su propia estabilidad económica.

Según el informe publicado por el Periódico Portafolio en su última edición de mayo de 2018, el ingreso a la OCDE, representa para Colombia un aporte de un poco más 4 millones de Euros que equivaldrían a trece mil cuatrocientos millones de pesos; de tal modo que si nos detenemos a examinar además las contribuciones que debe girar el Tesoro Nacional para entidades internacionales como el Fondo Monetario, con una cuota de US$2.862,3 millones; para la banca multilateral o Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que asciende a US$2,76 millones, más la cuota a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en cuantía de US$529.427, no es difícil entender que el valor a desembolsar por la pertenencia a ellos es verdaderamente astronómico.

En el caso de la OTAN, la obligación de trasladar tropas y equipos bélicos a los conflictos internacionales, igualmente significa importantes gastos a cargo de los asociados a dicho organismo de defensa.

Si a lo anterior le agregamos la contribución de Colombia a la Organización de las Naciones Unidas, que para el 2018 será de 8,65 millones de dólares según la misma publicación, concluimos que tener un asiento en dichos organismos limita en una importante cuantía, los ingresos que arbitra el gobierno colombiano provenientes de los impuestos, directos, indirectos, las tasas, las contribuciones y los excedentes de la actividad industrial y comercial del Estado, que a su vez son necesarios para garantizar la salud, la educación, el agua potable, el servicio de justicia, la prosperidad general y el crecimiento armónico de la economía del país, bajo un marco de sostenibilidad fiscal. Por lo tanto, el Ministro de Hacienda y la Corte deben explicarle al país, si el gasto público social que es prioritario en cumplimiento del mandato de los Arts. 2 y 334 de la Constitución, sufre o no menoscabo con tan enormes partidas.