La loable labor desempeñada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, ha venido siendo sustituida y reformada en los últimos veinticinco años, desde de su expedición, más veces que esta cifra temporal, lo cual es muy significativo y alarmante, si se analiza y reflexiona sobre cada uno de los actos legislativos que se han producido. ¿Fueron importantes y necesarios esos cambios?, ¿No era suficiente con un excelente desarrollo legislativo y reglamentario que hicieran más inteligibles, aplicables y menos abstractos los contenidos normativos? Seguramente sí, dirán algunos y otros que evidentemente no, de conformidad con su leal saber y entender o con la teleología puesta en sus propios intereses sin consultar muchas veces el bien común como se ha evidenciado en múltiples ocasiones y puede probarse.

Un punto de partida conciliable es considerar que no deben existir Constituciones Pétreas, que el mundo jurídico debe acompasarse al ritmo de los cambios políticos, sociales, económicos y culturales de la Nación, que se hace necesario poner a tono la Norma Superior con el devenir histórico de nuestra sociedad, máxime en la era de los adelantos científicos, tecnológicos, ambientales, comunicacionales y hasta telúricos, que obligan por esta vía, realizar esa labor congresional; pero, de allí a que un constitucionalismo abusivo manosee con cambios cosméticos nuestra Norma Fundamental es otra cosa. Ejemplos sobran.

Un tópico frecuente es la desinstitucionalización del País por esta vía: Cambio de los periodos de los servidores públicos, que puede poner en vilo muchos principios democráticos; reformas en la estructura y organización del Estado, pretendiendo absurdamente hacerla más eficiente y eficaz; se culpa a las organizaciones, cuando los logros son de los dirigentes y servidores públicos que las integran, por lo general por incumplimiento satisfactorio del debe ser de sus funciones misionales. No es acabando con los órganos del Estado que lo hacemos más eficiente, es realizando una labor a conciencia de sus funcionarios, empleados y trabajadores, de realizar a cabalidad, con prontitud y calidad las funciones encomendadas y por las cuales juraron cumplir al tomar posesión de sus cargos.

“Las personas pasan y las Instituciones permanecen”, dice el aforismo popular, su altísimo contenido filosófico permanece vigente y se ha legitimado en el tiempo y el espacio. El acabar con Instituciones Orgánicas por ineficientes o ineficaces o corruptas, de creación tanto constitucional como legal, es un desacato a este principio, cuando dicha adjetivación debía pregonarse de algunos de sus integrantes, representantes, dirigentes, administradores, ejecutivos, asesores, operativos y hasta asistenciales, pero no de la Institución como tal. Las crisis en las instituciones se resuelven pregonando con la extinción de “esa” Institución, por la corrupción que allí campea, que la solución es cambiarla por no cumple las expectativas que se habían forjado en torno a la misma. Insisto, las entidades en sí no son las responsables. Puede e debe indagarse, ajustados al Debido Proceso, quiénes son los responsables y que respondan. Son los servidores públicos, del nivel que sea, los verdaderos responsables y no escudarse en señalar a la entidad, como un todo, en ser la que debe desaparecer de la estructura y organización del Estado.

En el tiempo actual, continuamos frente a otros ejemplos absurdos, donde se presentan al Congreso propuestas que justifican que se debe cambiar o acabar con otras entidades, por las mismas razones de otrora, sin revisar un diagnóstico que involucre el buen o mal manejo de la misma, y el cumplimiento o no, eficiente y eficaz de las funciones que les fueron asignadas a todos y a cada uno de los servidores públicos que las integran. Así las cosas, este pensamiento es un intento por desmembrar y destruir, más no consolidar y construir Estado.

La invitación es en suma, acertar en el énfasis: No es menoscabando las instituciones, que se logran los mejores resultados esperados, es ejerciendo las funciones que corresponden, de conformidad con La Constitución, la Ley y los reglamentos, dentro de las diferentes Ramas del Poder Público y Órganos que las integran, incluyendo los autónomos e independientes que fueron creados en la Constitución de 1991, con la vigilancia respectiva de los organismos de control, que incluyen los directivos de todas las entidades, que se logra la materialización del modelo de Estado; es el ejercicio de las funciones, con respeto, compromiso, lealtad, responsabilidad y eticidad, lo que garantiza el sentido de pertenencia y el desarrollo misional de las organizaciones. Son las personas naturales al servicio del Estado, a quienes se les debe endilgar tal responsabilidad y no a las personas jurídicas; por ende, no es acabando con la institucionalidad orgánica del Estado concebida con el propósito de atender necesidades apremiantes y la efectividad de sus fines y finalidades que se construye Estado. Por tales razones, las formas y requisitos para ingresar y acceder a las instituciones públicas, deben ser un tema a fortalecer, en privilegio del derecho fundamental al mérito y al buen servicio público. Las inquietudes deben concentrarse en lo humano, un País decente no necesita tantos cambios, es abriendo espacios para los mejores humanos que gustan de servir a otros humanos, que se encuentran los cambios para el bien común y se eliminan intereses propios.