Hace un tiempo el maestro Luigi Ferrajoli escribió un texto denominado “Pasado y presente del estado de derecho”, en el que describía dos formas de concebir los estados de derecho durante la historia. Uno el estado legislativo de derecho y el otro el estado constitucional de derecho. El primero se caracterizaba por la primacía del principio de legalidad en donde la validez del derecho estaba sustentada en la competencia de la autoridad que la generaba y no obedecía a principios de justicia.

Posteriormente aparece el estado constitucional de derecho, en el que aparecen textos constitucionales rígidos que subordinan el principio de legalidad a la coherencia con las normas de la constitución en las que se incluyen los principios y valores contenidos en ella. Es decir, en el estado constitucional de derecho, la validez de las leyes y las actuaciones estatales estaría dada por el respeto a estos principios y valores, lo cual implica una concordancia con aspectos de justicia material, que estuvieron vedados en el estado legislativo de derecho.

En el mismo texto, Ferrajoli vislumbra una crisis de ambos estados derecho. Esta crisis se evidencia en la inflación jurisprudencial y legislativa, en la pérdida de unidad de las fuentes, y si le se le suma la influencia del derecho internacional público también se presenta una superposición de diversos ordenamientos jurídicos, que influyen en la falta de certeza del derecho y en la perdida del papel garantista de la constitución.

La radiografía que expone el jurista italiano, escrita en el año 2001 sobre la situación actual del estado de derecho es de una lucidez impresionante, porque evidencia lo que hoy vive el derecho.

Sin embargo, la situación es aún mucho más compleja y no sólo afecta el derecho sino a todo el sistema político.

Si nos situamos en lo que actualmente se vive no sólo en Colombia sino en diferentes sociedades occidentales, nos encontramos ante el derrumbe de los grandes relatos que ayudaron a edificar estas sociedades: la democracia, los derechos humanos, la libertad de mercado, han entrado en una profunda resignificación porque han llegado al límite de su desarrollo, y en este momento son incapaces de resolver los problemas sociales generados por los desequilibrios económicos globales, la presión tecnológica y energética, el alto consumismo y los desastres ambientales.

Frente a esta situación, el derecho ya no es la herramienta desde la cual las personas lograban contener los embates del poder y presionar para la creación de escenarios de acceso a garantías individuales y sociales. El derecho queda supeditado a la política y esta a la economía globalizada donde prima la ley del más fuerte y el retorno al estado de naturaleza del que salimos a través del pacto republicano.

Ante este escenario se nos plantean varias preguntas: ¿Es necesario un nuevo pacto social?; ¿Cuáles serían los componentes de este nuevo pacto?; ¿Qué instituciones debemos fundar para equilibrar los poderes que se están consolidando?

A pesar del oscuro panorama que aquí se plantea, este no se constituye en un llamado a la pasividad o al negativismo, sino por el contrario es una invitación a una participación más activa de ejercicio político, a estar más vigilante de las reformas institucionales, a desarrollar propuestas que posibiliten la dignificación del ser humano y a asumir una defensa de las garantías logradas durante nuestro desarrollo histórico.