En el texto "La crisis del Estado de Derecho", se analiza el papel de las cortes y, en particular, el de la Corte Constitucional en la protección del Estado de Derecho.

Se propone la modulación del concepto de separación de poderes (que no es un requisito del Estado de Derecho), haría posible concebir un rol activo del juez constitucional en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas.

Para ello se debe avanzar en un marco jurídico sólido de controles institucionales para magistrados de la Corte Constitucional y desarrollar un sistema fuerte de precedente judicial que haga compatible la existencia de una rama judicial robusta con el ideal de Estado de derecho democrático.

Es así como se podría justificar, entonces, una reconceptualización del “rule of law”, donde el papel activo —y activista— de la Corte Constitucional colombiana en las políticas públicas no constituya una afrenta contra el Estado de derecho.

Dicho papel puede constituir un mecanismo para su salvaguarda, desde un verdadero sistema de frenos y contrapesos.