Introducción

Abordar el abuso sexual desde una perspectiva jurídica y psicológica, es el propósito principal de este artículo; esperando con ello contribuir a ampliar el conocimiento sobre este flagelo, su prevalencia e incidencia en Colombia. En ese camino, son diversas las acepciones, conceptos y posturas encontradas sobre el tema; siendo el reflejo de una problemática social que tiene diferentes aristas y que pretende atenderse desde múltiples perspectivas e instituciones, teniendo en cuenta el impacto en la dignidad humana y por ende en los derechos humanos, siendo tan amplio el impacto que en algún momento podría hablarse de pandemia en las sociedades, no solamente en nuestro país.

Dicho contexto remite a que deba considerarse qué es el abuso sexual, cuáles son sus características, sus causas y consecuencias, quiénes son las víctimas y victimarios, el marco normativo existente para su judicialización, entre otros aspectos. Es por ello que a través de este documento se desarrollan cuatro ejes temáticos relacionados con el abuso sexual, iniciando con una revisión conceptual que necesariamente implica abordar conceptos como la violencia sexual, los delitos sexuales, la clasificación de la violencia sexual según las entidades que intervienen en su mitigación, entre otros. En segunda instancia y a modo de contextualización, se hace una caracterización del abuso sexual mencionando elementos como los escenarios en que generalmente se presenta, información sobre las víctimas y los victimarios, estadísticas y tendencias sobre su comportamiento en Colombia en los últimos años.

Posteriormente, se aborda la dimensión psicológica del abuso sexual, presentando información sobre sus impactos en las víctimas y algunas buenas prácticas de prevención y atención existentes en el país. Así también, se expone la revisión del marco jurídico y normativo de prevención y atención de la violencia sexual. Finalmente, se aborda lo concerniente a la prevalencia e incidencia del abuso sexual en Colombia.

Se espera entonces, aportar a la reflexión sobre el abuso sexual como una realidad que aqueja a la sociedad colombiana sin distinción entre hombres, mujeres, niños (as) o adultos; pero que a su vez margina en grandes proporciones a menores de edad y a las mujeres. Una realidad en donde la familia, el Estado y demás actores que procuran la sana convivencia están llamados a adelantar acciones oportunas y coherentes con la transformación que la violencia sexual va teniendo; implicando reconocer que la percepción de seguridad y protección para niños y niñas como principales víctimas del abuso sexual, se desdibuja precisamente en los espacios en donde debería brindárseles todas las garantías: el hogar y la escuela.

Sumado a lo anterior, el conflicto armado interno que ha estado presente durante varias décadas en el país posibilita la ejecución de prácticas que agudizan el problema, siendo uno de los escenarios en donde lamentablemente se dificulta aún más garantizar la protección de los Derechos Humanos e integridad de menores de edad y mujeres que son víctimas de violencia sexual en diversas formas. Es, además, una problemática en la que la institucionalidad ha estado presente a través del diseño de políticas públicas, sin que logre avanzarse en la suma efectiva y sinérgica de esfuerzos que permitan atender el problema desde sus múltiples causas, y sortear con celeridad las vicisitudes de su tipificación como delito, entre otras barreras.

Por todo ello, el abuso sexual prevalece en Colombia y sigue incidiendo desfavorablemente en la transformación de la sociedad al impactar mayoritariamente a quienes representan el presente, y la esperanza de construir un país mejor y el milagro de la vida: la infancia y las mujeres.

 

El abuso sexual como una manifestación de la violencia sexual.

Responder al interrogante ¿Qué es el abuso sexual? Requiere en primera instancia considerar que sus definiciones se construyen en el marco de la violencia sexual o de los delitos sexuales. Consecuentemente, antes de exponer el abuso sexual como concepto es necesario revisar algunas acepciones sobre la violencia sexual, en donde claramente se identifican varios enfoques que toman en cuenta aspectos culturales, sociopolíticos, de salud, de género, entre otros.

Es así, como desde un enfoque de salud pública, la violencia sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud (Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual, 2005) como:

[…] todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo […]. (p.4)

A partir de esta definición, claramente se identifican las diferentes circunstancias que dan lugar a hechos de violencia sexual, permitiendo trascender de la noción en donde se asocia única y exclusivamente al acceso carnal violento; para darle cabida a elementos como la tentativa, las insinuaciones, y la comercialización de la sexualidad.

Así también, se hace la salvedad sobre la relación de la víctima con el victimario para dar a entender que de existir o no una relación, esta no exime al perpetrador de ser responsabilizado por sus actos. Se considera, además, que cualquier ámbito puede ser el escenario donde ocurra.

De esta manera, la definición de la Organización Mundial de la Salud integra cuatro componentes clave de la violencia sexual: las situaciones que dan lugar a que se configure un caso de este tipo de violencia, la coacción como medio para comercializar o utilizar la sexualidad de una persona, la relación entre la víctima y el victimario, y el escenario de ocurrencia de los hechos. Si bien, esta definición nace desde un enfoque de salud pública, coincide con los criterios que a la luz de las normas y las leyes se han ido integrando para prevenir y judicializar este tipo de delitos.

De otra parte, existen definiciones más amplias sobre la violencia sexual, tal es el caso de la planteada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de E.E.U.U:

Violencia Sexual es un acto sexual completado o intentado en contra de la voluntad de una víctima o cuando una víctima es incapaz de consentir debido a su edad, enfermedad, incapacidad o la influencia del alcohol u otra droga. Puede envolver fuerza física o amenaza de la misma, uso de armas, coacción, intimidación o presión. Incluye: tocar los genitales intencionalmente, el ano, la ingle o los senos en contra de la voluntad de la víctima o cuando la víctima está incapacitada para consentir. También voyerismo, exposición al exhibicionismo o exposición no deseada a la pornografía. Puede ser cometida por extraños, amigos, miembro de la familia o pareja íntima. (Citado por Mujeres para la Salud, 2012).

En este caso, la descripción de las condiciones en las que la víctima es incapaz de consentir el hecho o de las formas cómo se puede presentar la violencia sexual; amplía las posibilidades tanto de abordaje como de conocimiento en torno al delito. De esta manera, logran dilucidarse las manifestaciones o tipos de violencia sexual, cuya categorización está dada igualmente por diferentes referentes conceptuales e institucionales.

Por tratarse de una problemática social, la violencia sexual ha sido abordada e intervenida a través de la institucionalidad del Estado con la participación de la sociedad civil. En ese trabajo conjunto, han sido identificadas varias manifestaciones de violencia sexual a partir de la participación que cada una de estas entidades tiene en la prevención, atención y judicialización del delito. Por consiguiente, organismos como el Ministerio de Protección Social (2011) mencionan que:

La violencia sexual se manifiesta de diferentes formas como la prostitución forzada; la trata de personas; los matrimonios precoces; los actos violentos contra la integridad sexual; el abuso sexual cometido contra niños, niñas y adolescentes; el incesto; la violación; el manoseo; el embarazo o el aborto forzado; la restricción en el acceso a servicios sanitarios seguros para la regulación de la fecundidad, la atención del embarazo, el parto o la interrupción voluntaria del embarazo, el contagio forzado de infecciones de trasmisión sexual (ITS), la desnudez forzada; y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, entre otras. (p.21)

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013) en lo que concierne a la violencia sexual, tiene en cuenta como circunstancias del hecho: Abuso sexual, Acceso carnal violento/acto sexual violento con persona protegida; Abuso dentro de establecimiento prestador de servicios de salud; Presunta explotación sexual de niños, niñas o adolescentes; Pornografía; Presunta esclavitud sexual o prostitución forzada; Presunta trata de personas con fines de explotación sexual.

Si bien, la clasificación que realizan estas dos entidades no son las únicas a tener en cuenta, son relevantes para este artículo al coincidir en situar el abuso sexual como una forma de violencia sexual. De esa manera, se logra clarificar con mayor facilidad la relación existente entre ambos conceptos, siendo el abuso sexual una vulneración de Derechos que afecta a niños, niñas, hombres y mujeres; con mayor prevalencia en la infancia y las mujeres (Ministerio de Protección Social, 2012).

Ahora bien, “Se considera abuso sexual, todo acto que atente contra la dignidad y la libertad de otra persona mediante el uso de fuerza física, psíquica o moral, con el propósito de imponer una conducta sexual en contra de su voluntad” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2014, p.3). Cabe agregar, que el abuso sexual no implica solamente el contacto físico como generalmente se cree, tal como lo expresa Ludwig (2001) al referirse al abuso sexual infantil:

El abuso sexual incluye acariciar los genitales del niño, coito, incesto, violación, sodomía, exhibicionismo y explotación comercial a través de la prostitución o la producción de materiales pornográficos. Muchos expertos creen que el abuso sexual es una de las formas de maltrato con mayor subregistro debido al secreto o “conspiración para el silencio” que tan frecuentemente rodea estos casos. (p.1).

Este panorama, evidencia que el abuso sexual no solamente es complejo al momento de intentar definirlo por todos los elementos que deben tenerse en cuenta desde las perspectivas social, económica, política, jurídica y de justicia, de salud pública, y de derechos; sino también por los múltiples factores que convergen en él y que dan lugar a diferentes estrategias de intervención y tipologías del delito.

 

Caracterización del abuso sexual en Colombia

Habiendo revisado algunas definiciones sobre el abuso sexual y sus matices, es conveniente aproximarse a la realidad de esta problemática a partir de información sobre sus rasgos relevantes e identificar quiénes son sus víctimas y victimarios, qué escenarios o contextos propician su ocurrencia, y cuáles son las tendencias de su prevalencia en Colombia en los últimos años.

 

Víctimas y victimarios.

Si nos remitimos a las estadísticas de cinco años anteriores, tenemos que según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013), en el año 2013 fueron realizados 20.739 exámenes medicolegales por presunto delito sexual. De donde,

[…] el 86,34% de los casos se concentró entre los 0 a 17 años de edad en donde la población de los 5 a 14 años mostró las tasas más altas, comportamiento similar al del año 2012. Según el sexo de la víctima de los 20.739 exámenes médico legales por presunto delito sexual en Colombia el 84,44% correspondió a víctimas mujeres (17.512 casos) y el 15,56% a hombres (3.227 casos), es decir que por cada cinco víctimas mujeres se registró un hombre como víctima; es de resaltar que los hombres registraron la tasa más alta por 100.000 habitantes en el grupo de edad de los 5 a 9 años (56,34), con 1.228 casos, mientras que las mujeres de los 0 a 14 años (335,91), con 7.116casos. (p.425)

Cabe aclarar que ese 86,34% mencionado en el informe, representa un total de 17.906 casos en donde las víctimas eran menores de 17 años, desagregados así por grupo de edad:

• Cero a cuatro años: 2.387 casos.
• Cinco a nueve años: 5.080 casos.
• Diez a catorce años: 8.050 casos.
• Quince a diecisiete años: 2.389 casos.

Como circunstancia del hecho que dio lugar al delito sexual, se tiene que, de los 20.739 casos estudiados, 6.057 correspondían a situaciones de violencia sexual, entre las que el abuso sexual fue mayoritario al aportar 4.901 casos en comparación con otras situaciones como el asalto sexual, la pornografía o la explotación sexual.

Precisamente, sobre los menores de edad como víctimas del abuso sexual en el mundo, la UNICEF (2009) señaló:

Aunque las estadísticas con relación al abuso sexual y explotación son valoraciones generales y deberían tratarse con precaución, se estima que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años han mantenido relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia y explotación sexuales que implican contacto físico. En 2000, se estimaba que 1,8 millones de niños eran explotados sexualmente mediante prostitución y pornografía. Se piensa que alrededor de 1 millón de niños cae en la prostitución todos los años.

A esto se añade lo aportado por la Organización Mundial de la Salud (2013) al indicar que:

En una revisión de las investigaciones efectuado por la OMS en el 2004, se calculó que la prevalencia mundial de victimización sexual en la niñez era de alrededor de 27% entre niñas y de aproximadamente 14% entre niños varones. Más específicamente, esa revisión encontró que la prevalencia media de abuso sexual en la niñez informada por mujeres era de alrededor de 7% a 8% en estudios realizados en América del Sur, América Central y el Caribe, así como en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. La prevalencia estimada llegaba a 28% en partes de Europa oriental, la Comunidad de Estados Independientes, la región de Asia y el Pacífico y África del Norte. En general, fue más común el abuso sexual de niñas que de niños varones; sin embargo, estudios recientes en Asia han descubierto que los niños varones son tan afectados como las niñas. (p.4)

En cuanto a los victimarios y según datos del mismo informe, se tiene que,

De los 17.894 casos en donde se registró información sobre el presunto agresor el 77,50% (13.868 casos) de los agresores fueron aquellos que se encontraron en encontraron en el entorno social de la víctima siendo estos los familiares, conocidos y amigos; es de resaltar que en el país la violencia sexual perpetrada por agresores desconocidos aporta un porcentaje relativamente bajo (8,83%) en relación a la de los agresores identificados (se excluyeron 2.845 casos sin información en esta variable). (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2013, p.428)

De esta manera, el abuso sexual se caracteriza - en un marco delitos sexuales - por tener entre sus víctimas principalmente a menores de edad y a mujeres, que, si bien es una afirmación que se ha venido anotando a lo largo del artículo, es a partir de estas cifras que se puede argumentar realmente. Esta información, y puntualmente lo que tiene que ver con el victimario, efectivamente confirma las teorías que sugieren una relación asimétrica de abuso de poder en donde éste cuenta con ventajas sobre la víctima a partir de la manipulación psicológica, el chantaje, el engaño, la dependencia o la fuerza (UNICEF & Ministerio de la Salud de Chile, 2011).

 

Escenarios de ocurrencia del abuso sexual.

Considerar los escenarios en donde ocurren hechos de violencia sexual y puntualmente de abuso sexual en Colombia, conlleva a tener en cuenta no solamente los ámbitos que son identificados en los informes de las entidades competentes, sino también el conflicto armado como un contexto hostil en donde este tipo de vulneraciones han dado lugar a afirmaciones que sitúan a la violencia sexual como un “arma de guerra” (Oxfam, 2009).

En tal sentido, inicialmente viene al caso mencionar los escenarios que según entidades como la Policía Nacional (2013), se ubican como aquellos en donde es mayoritaria la ocurrencia de casos de delitos sexuales. Al respecto, esta institución indica que:

De los 685 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales registrados por la Policía Nacional el 39. 42% se han originado en casas de habitación, el 28% en vías públicas y el 15% dentro de la vivienda, es importante mencionar que esta conducta ocupa el segundo lugar en el país con relación al total de delitos contra la vida y la integridad personal reportados a la fecha (del 01/01/2013 al 26/02/2013) (Policía Nacional, 2013, p.4)

En una perspectiva más amplia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013), indica que “en lo relacionado con el escenario del hecho, sobre el total de casos […] (20.739) se tuvo información en dicha variable en 17.120 registros, de los cuales un porcentaje acumulado del 70,11% de los casos (12.003) tuvo lugar de ocurrencia en la vivienda de la víctima (53,79%) y en la del victimario (16,32%)” (p.432). Adicional a ello, espacios como otras viviendas (881 casos), los centros educativos (508 casos) y la calle (870 casos), figuran en el listado de esta entidad.

Ante esto, lo anteriormente dicho sobre el victimario y las relaciones de cercanía que ubican a familiares, conocidos y amigos de la víctima como principales perpetradores; sugieren que son precisamente entornos como el hogar, los centros educativos y espacios donde la víctima desarrolla actividades cotidianas; los que representan un mayor nivel de riesgo. Esta situación, va en contravía de la concepción del hogar, la familia, o la escuela, como espacios de protección y garantía de derechos (Vertel & Cuervo, s.f).

En cuanto al conflicto armado como escenario de violencia sexual, existe un buen número de factores que inciden en su afianzamiento y difícil intervención, tal es el caso del reclutamiento forzado; el temor a represalias como principal barrera a la denuncia; la imposibilidad de determinar cuántas son las víctimas y en qué formas por las dificultades de medición inherentes al contexto y a la violencia sexual (Roth, Guberek y Hoover, 2011); la participación de todos los actores del conflicto como perpetradores (Oxfam, 2009); entre otros. A esto se suma, su connotación cultural e histórica, al ser una situación que data de años atrás y que está presente en gran parte de los conflictos contemporáneos, involucrando – desde una perspectiva de género- a mujeres y niñas tanto de la sociedad que padece el conflicto, como combatientes (Villelas, 2010).

 

Al respecto, cabe traer a colación lo aportado por Amnistía Internacional:

En el curso de los 40 años del conflicto colombiano, todos los grupos armados –fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrilla- han abusado o explotado sexualmente a las mujeres, tanto a las civiles como a sus propias combatientes, han tratado de controlar las esferas más íntimas de sus vidas sembrando el terror entre la población, explotando e instrumentalizando a las mujeres para conseguir objetivos militares, han convertido los cuerpos en terreno de batalla. Los graves abusos cometidos por todos los bandos del conflicto armado siguen ocultos tras un muro de silencio alimentado por la discriminación y la impunidad, lo que a su vez atiza la violencia, característica del conflicto armado interno colombiano. Las mujeres y niñas son las víctimas ocultas de esa guerra. (Citado por Corporación Humanas, 2009, p.12)

De esta manera, la situación del abuso sexual en Colombia a partir de sus características y escenarios, no es del todo clara pese a tener una aproximación a índices de delitos sexuales y violencia sexual. Lo que, si queda claro, es que son diversos los desafíos que la sociedad colombiana y el Estado deben afrontar para mitigar estos flagelos.

 

Impactos psicológicos del abuso sexual

Las secuelas del abuso sexual van más allá de las lesiones físicas que pueden presentarse durante el hecho. Diferentes estudios sugieren que los impactos psicológicos influyen en la salud mental y emocional de las víctimas, llegando a generar secuelas tales como:

• Al menos un 80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas. El alcance del impacto psicológico va a depender del grado de culpabilidad del niño por parte de los padres, así como de las estrategias de afrontamiento de que disponga la víctima. En general, las niñas tienden a presentar reacciones ansioso-depresivas; los niños, fracaso escolar y dificultades inespecíficas de socialización, así como comportamientos sexuales agresivos. (Echeburúa & De Corral, 2006, p.78)
• Algunas mujeres presentan conductas depresivas, suicidas o de farmacodependencia (Ramos, et al, 2001).
• El abuso sexual puede generar trastornos disociativos de la personalidad que pueden llegar a manifestarse en alcoholismo, conductas delictivas, problemas en el ajuste sexual (Portillo, s.f).
• Las consecuencias psicológicas que se han relacionado con la experiencia de abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y configurar, en la edad adulta, los llamados efectos a largo plazo del abuso sexual. También es posible que la víctima no desarrolle problemas aparentes durante la infancia y que éstos aparezcan como problemas nuevos en la adultez. (Rodríguez, 2012, p.59)

Adicional a ello, en el contexto colombiano y más concretamente en medio del conflicto armado interno donde las condiciones adversas del escenario de la guerra agudizan el problema, emergen factores que le suman a estos impactos psicológicos, efectos propios de la marginalidad y de la imposibilidad de acceder a los mecanismos de atención provistos por entidades del Estado y sociedad civil. Se evidencia entonces, que el abuso sexual más allá de representar un cúmulo de cifras que sugieren un problema de grandes dimensiones, es una realidad en la que quienes la padecen, están expuestos a sortear situaciones a largo plazo.

 

Perspectiva jurídica del abuso sexual en Colombia

La prevención y atención del abuso sexual en Colombia se caracteriza por una intervención interdisciplinaria en donde, tanto el Estado como la sociedad civil han adoptado roles importantes. En ese sentido, se han logrado avances que sugieren la implementación de un marco jurídico y normativo tendiente a garantizar los derechos de las víctimas y la efectividad de las rutas de atención.

Consecuentemente, el marco de políticas públicas en el país, está apoyado en lineamientos como los establecidos en el Documento CONPES 3077 de 2000, por el cual se expide la política nacional de construcción de paz y convivencia familiar y el ejercicio de cualquier tipo de vivencia incluida la sexual con respecto a los niños y niñas (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2000). Así también, en términos de derecho penal, se encuentran el Código Penal en los capítulos que aplican para los delitos en que son víctimas menores de edad, la Ley 1098 de 2006 mediante la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia (Congreso de Colombia, 2006) y en donde se determinan procedimientos especiales cuando los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos.

Por otro lado, la Corte Constitucional ha emitido diferentes sentencias en donde se hace un llamado a las entidades competentes a tomar cartas en el asunto, en lo relacionado con delitos sexuales en donde están presentes menores de edad. Tal es el caso de las sentencias T-55 de 2003, la Sentencia 408 de 1995 sobre el Principio de interés superior del niño, la sentencia T 389 de 1999 sobre la jurisprudencia que orienta las políticas públicas de protección de la niñez.

Sin embargo, la legislación presenta ambigüedades, encuentros y desencuentros que torpedean la efectividad en la tipificación del delito y su judicialización, además del desconocimiento por parte de quienes imparten la justicia, de las características y diferencias entre las manifestaciones de la violencia sexual (Afanador y Caballero, 2012).

 

Prevalencia e incidencia del abuso sexual

Como primer paso, es conveniente recordar qué implica hablar de prevalencia e incidencia de un fenómeno social como el abuso sexual, para lo cual cobra relevancia lo aportado por Losada (2012) al mencionar que la prevalencia “cuantifica la proporción de personas en una población que padeció abuso sexual en un determinado momento y proporciona una estimación de la proporción de sujetos de esa población que hubiera transitado ese tipo de maltrato en ese momento” (p.202).

En cuanto a la incidencia, esta corresponde según Bringiotti (2006) al “número de casos nuevos que han aparecido en un determinado período de tiempo” (Citado por Losada, 2012, p.202). Es decir, la prevalencia y la incidencia desde el punto de vista estadístico y epidemiológico están relacionadas y son complementarias, permitiendo analizar el comportamiento de determinado fenómeno a partir de su ocurrencia, bien sea a través del número de personas afectadas durante un periodo de tiempo determinado (prevalencia) o a través de la cantidad de casos nuevos registrados (incidencia).

Aclarado ello, y con base en lo esbozado hasta el momento, se parte de considerar que las poblaciones mayoritariamente afectadas por conductas de abuso sexual son los menores de edad y las mujeres; característica que direcciona tanto la mayoría de acciones de prevención y atención desde todos los sectores, como gran parte de los estudios encontrados sobre el tema. De ahí que, al intentar aproximarse a la prevalencia e incidencia del abuso sexual, las estadísticas se basen casi que exclusivamente en evidenciar su comportamiento a partir de sus impactos en estas poblaciones; tal como se describe a continuación:

• La Primera Encuesta de Prevalencia “Violencia Sexual en contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano”, en el periodo 2001-2009, muestra que durante los nueve años objeto de esta investigación, 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual. Este dato significa que anualmente en promedio, 54.410 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual, 149 diariamente y 6 cada hora (Carillo, 2014, p.4).
  
  
• En 2001 Medicina legal practicó 13.352 dictámenes sexológicos por abuso o violencia, de los cuales 8.745 se practicaron en mujeres y 1.210 en hombres. El 86% de todos los dictámenes se hicieron en menores de 18 años, siendo la edad más afectada la de 10 a 14 años (37%), seguida por la de 5 a 9 años (25%), la de 15 a 17 años (14%) y la de 1 a 4 años (10%). En este tipo de abuso contra menores de 18 años Medicina Legal constató que en el 78% de los casos, el agresor era un conocido del niño o niña, especialmente padre, padrastro u otro familiar. También Medicina Legal viene constatando un aumento de las denuncias en los últimos años; de un total de 10,716 dictámenes en 1997 se pasó a 12.485 en 1999 y a 13.352 en 2001 (UNICEF, s.f, p.40).
  
  
• El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad que recibe denuncias sobre Abuso Sexual Infantil y reportó sobre la incidencia de esta problemática que a inicios del año 2000 se ubicaron alrededor de 25.000 niños, niñas y jóvenes explotados sexualmente, de los cuales 14.400 han sido atendidos por esta institución en sus distintas modalidades (Losada, 2012, p.208).
  
  
• En departamentos como el Quindío, durante el mes de febrero de 2015, se evidenció un incremento del 20% en los casos reportados, en comparación con el mismo periodo del año 2014 (RCN La Radio, 2015).

Lo anterior devela que llegar a establecer la prevalencia e incidencia del abuso sexual en Colombia es un ejercicio que implicaría analizar los registros que las diferentes entidades poseen, lo cual es en la actualidad un desafío y una necesidad, ya que aunque se cuenta con estadísticas que permiten identificar tendencias del delito, no se cuenta con un análisis histórico comparativo en donde converjan los datos aportados desde esa perspectiva interinstitucional, sin embargo en estos tiempos de confinamiento se ha notado la preocupación de las diferentes instituciones por el aumento de estos casos en las diferentes sociedades, y como no de nuestro país, donde se vulneran de manera frecuente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y población en general, casos de los cuales no se conocen porque la regla general es no denunciar, preocupación que se evidencia en los estudios de la Organización Mundial de la salud, cuando señala el tema como preocupante través de sus estudios.

Ahora bien, este es un tema de impacto no solo en la salud mental sino también en los derechos humanos, por ello es necesario considerar la normatividad interna, iniciando por la constitución política y el bloque de constitucionalidad que implica el reconocimiento de tratados internacionales sobre la materia, y por ende las responsabilidades del Estado en generar políticas públicas pertinentes, no solo para la atención, sino para la prevención de este flagelo, que si bien es cierto, los niños, niñas y adolescentes, mujeres, no son el único conglomerado social que tiene esta problemática, también es cierto que se debe iniciar por cada uno de los espacios donde el ser humano se encuentre inmerso, y se reconozca su dignidad, es decir; se materialicen los derechos de quienes se consideran de protección constitucional reforzada, cuales son niños y mujeres. Implica por ello, impacto del trabajo mucho más planificado, organizado con una mirada biopsicosocial, por cuanto va directamente implícito el desmedro en derechos humanos, de salud mental, con impacto directo en el tejido social y sus escenarios.

 

Conclusiones

El abuso sexual pese a ser una problemática que aqueja no solamente a la sociedad colombiana, sino al mundo entero, es un tema inexplorado y abordado a través de delitos sexuales o de la violencia sexual en general. Dicha situación, genera que en términos de estadísticas e información que permita aproximarse a la realidad del problema, haya grandes vacíos que dificultan su comprensión y por tanto, su efectiva intervención.

Según los datos encontrados, en Colombia la tendencia del abuso sexual se asemeja a la de otros países, situando a menores de edad y mujeres como principales víctimas. A lo cual se suman las vicisitudes del conflicto armado como un rasgo que amerita un análisis diferenciado.

Conforme a la información analizada, aunque la violencia sexual afecta indistintamente a hombres y mujeres de todas las edades, y pese a que todo indica que son las mujeres y los menores de edad los más afectados; es escasa la información que permita conocer las dimensiones del problema integrando adecuadamente las formas de violencia sexual y las personas afectadas. Es decir, sería conveniente si la información sobre abuso sexual en hombres, sirviera de indicador para avanzar en la medición de la prevalencia e incidencia de este delito, de lo cual se puede resumir que la prevalencia es amplia, la estadística es bastante amplia, como para solicitar políticas públicas para afrontar el tema en las diferentes esferas donde se encuentran las posibles víctimas, aun así no se disminuyen los casos, al contrario, se aumentan de día en día en los lugares donde deberían ser mundos seguros como lo son el hogar, la escuela, el parque, los lugares de recreación, de oración, es decir; se presenta un mundo inseguro, frágil y por ende una percepción de adultos agresivos, indolentes, que causan daño, por lo cual, se hace necesario reflexionar sobre el tema de manera continua, no solamente el virus que está atacando la sociedad a nivel de salud, político, económico es preocupante, este tema de abuso sexual, también es un tema con hondas incidencias en la salud mental en quienes lo padecen, y que invita a unir esfuerzos para desarraigar de la sociedad, de nuestras familias la violencia a la corporeidad, a la vida misma.

Sumado a lo anterior, Colombia presenta un escenario político y social en donde el conflicto armado interno impacta no solamente en la seguridad y defensa, sino también en el desarrollo social de la población, restándole oportunidades de desarrollo integral a miles de combatientes principalmente mujeres y niñas que llegan a ser catalogadas como “armas de guerra”.

Debe tenerse en cuenta que el abuso sexual tiene impactos a corto, mediano y largo plazo en la integridad de las personas afectadas, y consecuentemente en el desarrollo social del país, lo cual redunda en que sus efectos sean múltiples a nivel de desarrollo humano y desarrollo económico, dado que se refuerzan nuevas formas de violencia y desarraigo a partir del daño psicológico ocasionado a las víctimas.

En el contexto político, sus efectos generan que, a pesar de la existencia de un marco de políticas públicas, coexista la desarticulación al interior de instancias interinstitucionales que han sido creadas para prevenir y atender la problemática. Dicha desarticulación está dada por el rol que cada organización asume en las rutas de atención, que, si bien posibilitan el cumplimiento de su deber, genera un alto registro de casos y un análisis diferenciado del problema.

Si bien se cuenta con un compendio de normas nacionales y estándares internacionales vinculantes para el Estado que garantizan el acceso a la justicia de las víctimas de abuso sexual, existen barreras que impiden su plena aplicación, las cuales van desde la confusión y vacíos en la tipificación del delito, hasta el desconocimiento por parte del personal de los operadores de justicia.

Finalmente, se develan un buen número de desafíos si se espera poder aproximarse a la incidencia del abuso sexual, siendo necesario avanzar en la consolidación de técnicas y procedimientos que permitan reducir los vacíos existentes en la tipificación del delito, en su judicialización, en la sistematización de los casos y posibles casos por cada una de las entidades que intervienen en su prevención y atención, teniendo en cuenta el impacto en los derechos humanos de las personas afectadas, y por ende generando responsabilidades estatales que impliquen mayor reconocimiento de la temática, estudiada desde diversos puntos de vista, entre ellos los derechos humanos, por cuanto se está cosificando al ser humano cuando se convierte en un medio de victimarios para lograr cometidos, entre otros; arma de guerra.

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