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Escrito por: Pablo Jesús Arteaga Garrido.
Especialista de Derecho constitucional Uniciencia y estudiante de Derecho.
Professional en Comercio Internacional.
Especialista en Gerencia de Proyectos.


En esta columna miraremos desde una perspectiva muy personal, el por qué, la justicia en Colombia es un saludo a la bandera, expresión que lleva a la definición en nuestro lenguaje coloquial a un gesto desprovisto de todo valor y solemnidad, aludiendo a una acción irrealizable y demagógica en donde efectivamente existe toda una estructura judicial atarugada de normas y leyes, pero que finalmente no resultan siendo efectivas.

Lo anteriormente expresado lo vemos reflejado en el constante desafío de la sociedad a esta, lo que ha conllevado a que un gran porcentaje de los ciudadanos simplemente desconozcan la autoridad, las leyes, generando una sociedad desordenada, sin principios, sin valores, sin respeto, sin miedo a infringir las normas y las leyes.

El resultado de este comportamiento, sumado a la concentración del poder en la rama ejecutiva y la gran cercanía con el gobierno nacional, producto de la catalogada mermelada burocrática participativa, ha llevado a Colombia a ubicarse en el primer lugar en las encuestas de percepción de los países más corruptos del mundo, según caracterización hecha por portales como la famosa revista U.S. News y transparencia internacional en el año 2019.

Y aunque el gobierno nacional ha intentado desmentir esta encuesta de percepción hecha por este portal a través de algunos medios de comunicación. Lo cierto es que la realidad que vivimos en el país no está lejos de percibir que el cáncer de la corrupción ha sido socialmente aceptado, al punto de escuchar en algunos espacios dentro de la sociedad colombiana cuando se refieren a la clase política que elige y los representa, expresiones tales como “Que robe, pero que deje robar”, “Que robe, pero que deje algo”, “Que robe pero que de empleo” o peor aún “Que más da, todos roban, y yo no dependo de la política”.

Otra situación que ahonda aún más la realidad y la imagen de Colombia son los innumerables escándalos de corrupción, por delitos de Detrimento del Erario Público, Peculado, Prevaricato, Cohecho etc. que semana tras semana, aparecen en medios de comunicación y redes sociales, al igual que las innumerables denuncias por parte de algunos veedores sociales, líderes políticos, periodistas entre otros, ante los medios de control como Fiscalía, Procuraduría y contraloría en todo el territorio nacional, no obstante, en la mayoría de los casos vemos a los involucrados haciendo uso de las triquiñuelas jurídicas inmersas dentro del aparato judicial, así como de algunos funcionarios corruptos para evadir a la justicia.

Si bien es cierto que en Colombia todos los imputados son inocentes hasta que se les compruebe lo contrario y que muchas denuncias posiblemente no tengan el material probatorio para brindarle el soporte jurídico a un juez para la toma de una decisión condenatoria en contra de los imputados. La percepción de la ciudadanía en general es que los órganos de control no funcionan efectivamente, al igual que el aparato judicial, los que son condenados obtienen condenas irrisorias frente a los delitos cometidos, sin mencionar algunos casos en donde cumplen condenas en grandes mansiones, haciendas u en su defecto en batallones con acceso y condiciones de hoteles 5 estrellas, y a los que peor les va en cárceles especiales de gran confort, todo depende del nivel de poder del condenado.

Solo a manera de ilustración y ejemplo, misionaré algunos casos que hacen parte de la historia de nuestro país, uno de los que más ha marcado la historia de Colombia fue el magnicidio de excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, en donde uno de los condenados, El renombrado gamonal político Alberto Santofimio Botero, el cual fue condenado a 24 años de prisión, pero que finalmente termino pagando solo 9 años y dos meses un uno de los patios privilegiados de la Cárcel la Picota, los tres años y dos meses restantes los pagaría un exclusivo apartamento.

Otro magnicidio que marco la historia de Colombia fue el de Álvaro Gómez Hurtado, el cual, hasta la fecha se mantiene impune, aun así, una de las teorías que tiene la fiscalía es que en el presente magnicidio estuvieron involucrados el Expresidente Ernesto Samper y el fallecido Gamonal político, Santandereano Horacio Serpa, esta teoría soportada en decenas de testimonios que incluyen la declaración de Fernando Botero Zea, ministro de Samper condenado por enriquecimiento ilícito, y de Luis Gómez, un exnarcotraficante del Cartel del Norte del Valle conocido como "Rasguño", en que señalan como el autor intelectual del magnicidio al entonces jefe de Estado y su ministro del interior y jefe de campaña.

“La hipótesis es que el presidente Samper y su ministro de Interior, Horacio Serpa, supuestamente se aliaron con este y otros grupos narcotraficantes y paramilitares para matar a Gómez Hurtado con tres propósitos: desviar la atención del llamado Proceso 8.000, acabar con un férreo opositor y evitar la extradición de delincuentes, una prioridad del conservador en su eventual gobierno”.

No podría dejar de mencionar los más recientes escándalos de corrupción, el cual es protagonizado por el clan más cuestionado del departamento de Santander e integrado por miembros de la familia Aguilar, en el cual vemos al ex miembro de la Policía Nacional y exgobernador del departamento de Santander, Hugo Aguilar Naranjo hoy privado de la libertad y recluido en uno de los batallones más emblemáticos y lujosos en la ciudad de Bogotá, (BN13 en Puente Aranda), en donde se encuentra hoy también su hijo Richard Aguilar, Exgobernador, y Senador de la República, que según los entendidos en la materia, habría tomado la decisión de Renunciar a la curul del senado un día después de ser capturado por miembros del CTI el pasado 28 de julio del 2021, como parte de una estrategia jurídica o como popularmente se conoce “triquiñuela jurídica” para evadir a la Corte Suprema de Justicia.

Es evidente la pérdida de confianza por parte del pueblo colombiano frente a los órganos que componen el aparato de la estructura judicial y como consecuencia, ha conducido a tal vez el más grave error por parte de los ciudadanos, al aceptar socialmente el cáncer de la corrupción dentro de sus vidas como una circunstancia normal u cotidiana, sin percatarse que los mayores aspersores y portadores de esta enfermedad son ellos mismos, con cada acción y comportamiento, la cual, terminará condenando a todo un país.

La justicia no puede seguir siendo un saludo a la bandera, los colombianos no podemos seguir fortaleciendo esta gran enfermedad que se llama corrupción y mucho menos aceptándolo, la prodigiosa píldora que elimina tan aterrador enemigo, siempre la hemos tenido en nuestras manos, cada dos años el mismo estado desacreditado y contaminado nos la entrega, pero a pesar que siempre hemos tenido el libre albedrío de tomar la decisión de ingerirla o no, infortunadamente se termina canjeando por una contraprestación personal, o lo más complejo, es que en ocasiones no alcanza a superar la barrera de los $34 pesos por día de gobierno electo.

Los principios, valores y buenas costumbres deben retornar a los hogares colombianos, el tomar la decisión de quienes nos gobiernan de manera autónoma y honesta, interponiendo la ética no están lejos de nuestro alcance, la formación de una cultura cívica y principios de urbanidad deben infundirse en las aulas de clases de todas las instituciones educativas sin dejar la responsabilidad de los padres en sus hogares reforzando lo entregado desde la estructura educativa.

No hay castigo más severo, que el castigo social frente a los actos de corrupción.